Las autoridades señalaron que las fuerzas de seguridad locales no habían participado en operaciones federales de inmigración, y afirmaron que Glendale está considerada sistemáticamente como una de las ciudades más seguras del país y que la policía de Glendale goza de una gran confianza entre los residentes.
"En este momento, lo mejor para nosotros es no permitir que se mine esa confianza", decía un comunicado.
"A pesar de la transparencia y las salvaguardias que la ciudad ha mantenido, la ciudad reconoce que la percepción pública del contrato ICE -no importa lo limitado o cuidadosamente gestionado, no importa lo bueno- se ha convertido en divisiva", según el comunicado. La decisión del director municipal no obedece a motivos políticos, sino a la protección de la seguridad local, añadieron las autoridades.
La declaración también indicaba que los detenidos por ICE tenían más dificultades para acceder a asistencia legal y a visitas familiares, algo que ofrecían las instalaciones de Glendale.
"Desde 2007, la ciudad ha mantenido un centro altamente regulado y controlado localmente que se mantiene con los más altos estándares, extendiendo las dignidades básicas a los detenidos temporalmente - garantizando el acceso a alojamientos limpios, atención médica de guardia, visitas familiares y asesoría legal", según la declaración. "Al ofrecer acceso local, los detenidos gozaban de una proximidad al debido proceso de la que carecen con demasiada frecuencia los centros de detención más remotos o gestionados de forma privada".
Citando violentas protestas, las autoridades declararon que la decisión se había tomado para proteger a los residentes y empresas locales de situaciones similares.
"La ciudad sigue comprometida con la seguridad pública, la transparencia y el trato justo de todas las personas, independientemente de su situación migratoria", concluye el comunicado.
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