El Pentágono afirma que desplegar Marines y Guardia Nacional en Los Ángeles costará $134 millones

LOS ÁNGELES -- El despliegue de tropas de la Guardia Nacional e infantes de marina en Los Ángeles costará al menos $134 millones de dólares y durará al menos los próximos 60 días, informaron el martes a los legisladores el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un alto funcionario de defensa.

Los infantes de marina desplegados en Los Ángeles por orden del presidente Donald Trump aún no han sido llamados para responder a las protestas migratorias en la ciudad y solo están allí para proteger la propiedad federal, declaró el martes el comandante del Cuerpo de Infantería de Marina.

Los 700 infantes de marina y otros 2,000 efectivos de la Guardia Nacional fueron enviados a Los Ángeles el lunes, intensificando una presencia militar que las autoridades locales y el gobernador Gavin Newsom no desean y que, según el jefe de policía, dificulta la gestión segura de las protestas.

"Declaramos públicamente que son 60 días porque queremos asegurarnos de que los alborotadores, saqueadores y matones del otro bando que atacan a nuestros policías sepan que no nos iremos a ninguna parte", declaró Hegseth a los miembros del subcomité de defensa de asignaciones de la Cámara de Representantes.

Tras las persistentes preguntas de los congresistas, Hegseth se dirigió a su contralor interino, Bryn Woollacott MacDonnell, quien proporcionó el total y explicó que "se trata, en gran medida, solo del costo de viaje, alojamiento y alimentación".

Dijo que el dinero provendrá de cuentas de operaciones y mantenimiento.

El general de la Infantería de Marina, Eric Smith, declaró en una audiencia presupuestaria en el Capitolio que el batallón aún no ha sido enviado a ninguna protesta. Los marines fueron entrenados para el control de multitudes, pero no tienen autoridad para arrestar y están allí para proteger la propiedad del gobierno y al personal federal, afirmó.

Trump duplicó el número de tropas de la Guardia Nacional desplegadas poco después de que la primera oleada de 2000 comenzara a llegar el domingo, tras días de protestas impulsadas por la indignación por la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración por parte del presidente, que, según los críticos, están separando a las familias migrantes.

Las manifestaciones continuaron el lunes, pero fueron mucho menos estridentes, con miles de personas asistiendo pacíficamente a una concentración en el Ayuntamiento y cientos más protestando frente a un complejo federal que incluye un centro de detención donde se encuentran detenidos algunos inmigrantes tras redadas en lugares de trabajo en toda la ciudad.

Las protestas en Los Ángeles, una ciudad de 4 millones de habitantes, se han centrado principalmente en varias manzanas del centro. Al amanecer del martes, tropas de guardia estaban estacionadas afuera del centro de detención, pero no había señales de los marines.

Trump ha descrito la situación de Los Ángeles en términos desastrosos que, según la alcaldesa Karen Bass y Newsom, distan mucho de la verdad. Afirman que está poniendo en riesgo la seguridad pública al aumentar el número de militares, a pesar de que la policía afirma no necesitar la ayuda.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, declaró que confiaba en la capacidad del departamento de policía para gestionar manifestaciones a gran escala y que la llegada de los marines sin coordinación con el departamento de policía representaría un "importante desafío logístico y operativo".

Newsom calificó los despliegues de imprudentes e "irrespetuosos con nuestras tropas" en una publicación en la plataforma social X.

"No se trata de seguridad pública", dijo el gobernador. "Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso".

Las protestas comenzaron el viernes después de que las autoridades federales de inmigración arrestaran a más de 40 personas en toda la ciudad. El olor a humo flotaba en el aire en el centro de la ciudad el lunes, un día después de que multitudes bloquearan una importante autopista y prendieran fuego a vehículos autónomos mientras la policía respondía con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.

Las protestas contra las redadas migratorias se extendieron el lunes a otras ciudades del país, incluyendo San Francisco y Santa Ana, California, así como Dallas y Austin, Texas. Las autoridades de Austin aparentemente utilizaron irritantes químicos para dispersar a una multitud que se reunió cerca del Capitolio estatal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en redes sociales que más de una docena de manifestantes fueron arrestados.

California se opone a la presencia de tropas federales

El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda por el uso de tropas de la Guardia Nacional tras el primer despliegue, declarando a la prensa que Trump había "pisoteado" la soberanía del estado.

"No tomamos a la ligera que el presidente abuse de su autoridad y movilice ilegalmente a las tropas de la Guardia Nacional de California", declaró Bonta. Solicitó una orden judicial que declare ilegal el uso de la Guardia por parte de Trump y solicite una orden de restricción para detener el despliegue.

Trump afirmó que la ciudad habría quedado "completamente destruida" si no hubiera desplegado a la Guardia.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que los marines eran necesarios para proteger los edificios y al personal federal, incluyendo a los agentes de inmigración. Un convoy de autobuses con ventanas tintadas y escoltado por vehículos del alguacil partió de la base de Twentynine Palms, en el desierto al este de Los Ángeles, la noche del lunes con rumbo a la ciudad, haciendo escala durante la noche en la Estación Naval de Armas de Seal Beach, al sur de Los Ángeles.

A pesar de su presencia, hasta el momento la interacción entre la Guardia y los manifestantes ha sido limitada, mientras las fuerzas del orden locales implementan el control de multitudes.

Las protestas se mantuvieron pacíficas el lunes

Miles de personas inundaron las calles alrededor del Ayuntamiento para una manifestación sindical el lunes, antes de la audiencia del líder sindical arrestado, David Huerta, quien fue liberado pocas horas después bajo una fianza de $50,000 dólares. El arresto de Huerta el viernes mientras protestaba contra las redadas de inmigración se convirtió en un grito de guerra para la gente indignada por la represión. Huerta es el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, que representa a miles de conserjes, agentes de seguridad y otros trabajadores del estado.

Los manifestantes bailaron y se tomaron de las manos frente a una fila de policías frente al centro de detención federal del centro donde Huerta se encontraba detenido. Líderes religiosos se unieron a los manifestantes, colaborando en ocasiones con los organizadores para rebajar la tensión.

A medida que la multitud disminuía, la policía comenzó a alejar a los manifestantes de la zona, disparando munición antidisturbios mientras la gente coreaba: "¡Protesta pacífica!". Al anochecer, los agentes intensificaron sus tácticas, abriéndose paso en ocasiones para detener a los manifestantes que se acercaban demasiado. Al menos una docena de personas fueron rodeadas y detenidas por la policía.

Afuera de una bodega de ropa en el condado de Los Ángeles, familiares de trabajadores detenidos exigieron en una conferencia de prensa la liberación de sus seres queridos.

La familia de Jacob Vásquez, de 35 años, quien fue detenido el viernes en la bodega donde trabajaba, afirmó no haber recibido información sobre él.

"Jacob es un hombre de familia y el único sostén de su hogar", declaró Gabriel, hermano de Vásquez, a la multitud. Pidió que no se revelara su apellido por temor a ser blanco de las autoridades.

Varias decenas de personas fueron arrestadas durante las protestas del fin de semana. Las autoridades afirman que una fue detenida el domingo por lanzar una bomba molotov a la policía y otra por embestir con una motocicleta a una fila de agentes.

El despliegue de la Guardia Nacional representa una escalada casi sin precedentes.

Este despliegue parece ser la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado se activa sin una solicitud de su gobernador, una escalada significativa contra quienes han intentado obstaculizar las deportaciones masivas del gobierno.

La última vez que se activó la Guardia Nacional sin la autorización de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según el Centro Brennan para la Justicia.

En una directiva emitida el sábado, Trump invocó una disposición legal que le permite desplegar a miembros del servicio federal cuando exista "una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos".

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Sullivan reportó desde Minneapolis y Baldor desde Washington. Los periodistas de Associated Press Dorany Pineda en Los Ángeles, Amy Taxin en el condado de Orange, California, Hallie Golden en Seattle, Stefanie Dazio en Berlín, Jake Offenhartz en Nueva York y Greg Bull en Seal Beach, California, contribuyeron a este informe.